En Guatemala, el uso indebido de algoritmos de inteligencia artificial (IA) en entornos digitales puede constituir un delito tipificado dentro del marco del derecho penal y derecho informático guatemalteco. La exposición indebida de datos personales, la manipulación automatizada de información o la afectación a la reputación de individuos u organizaciones a través de IA, plantea serios riesgos para la víctima, quien podría sufrir daños irreparables en su credibilidad, imagen o situación patrimonial. En estos casos, es fundamental que las víctimas actúen de inmediato para garantizar la protección de sus derechos y, de ser necesario, iniciar acciones legales.
En el derecho penal guatemalteco, los delitos informáticos están previstos en la Ley Contra la Delincuencia Informática, Decreto 47-2008 del Congreso de la República, y otras normativas afines. Esta ley contempla sanciones para delitos como el acceso indebido a sistemas de información, la manipulación de datos, el fraude informático y la violación de la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Si un algoritmo ha sido empleado de manera ilícita para perjudicar al lector, ya sea como individuo o en representación de una empresa, organización, o población vulnerable, se debe proceder de acuerdo con las normativas vigentes. El primer paso crucial es identificar cómo se vulneraron los derechos y qué clase de daño se ha causado.
Las estrategias legales disponibles incluyen la denuncia inmediata ante el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, quienes podrán iniciar las investigaciones pertinentes. Además, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) puede intervenir si se ha vulnerado alguna disposición relacionada con la seguridad informática. La presentación de evidencia contundente, como registros de las actividades sospechosas, capturas de pantalla, informes de auditorías digitales o cualquier otro material relevante, es clave para que las autoridades puedan actuar con celeridad. Este material permitirá establecer de manera sólida la responsabilidad de los involucrados.
En cuanto al proceso legal, el Código Procesal Penal de Guatemala prevé procedimientos especiales para delitos relacionados con tecnología. El artículo 146 de dicho código establece que las medidas precautorias, como el secuestro de dispositivos electrónicos o la congelación de cuentas electrónicas, pueden ser aplicadas rápidamente para evitar la continuidad del daño y asegurar la preservación de pruebas. El uso indebido de algoritmos de IA puede ser difícil de rastrear si no se actúa de manera rápida y eficiente, ya que los datos pueden ser fácilmente manipulados o eliminados. Por tanto, el acompañamiento legal especializado es fundamental desde el inicio del proceso.
La rapidez con la que se difunde información en redes sociales y otros medios digitales, agrava el riesgo de afectaciones a la reputación, sobre todo cuando la víctima es una figura pública, una empresa o una organización que depende de su imagen pública. En el caso de menores de edad o poblaciones vulnerables, el daño puede ser aún más grave, al exponerse su privacidad y bienestar a peligros como la explotación o el acoso. Por ello, es imperativo que las víctimas no solo busquen protección legal, sino que también tomen medidas preventivas de seguridad informática.
Si se encuentra en una situación de este tipo, es crucial que actúe inmediatamente. Un equipo de profesionales en derecho penal y derecho informático puede ofrecer asesoría personalizada y llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar el resarcimiento de los daños, ya sea a nivel personal o corporativo. También se debe considerar que, en muchos casos, la inacción o el retraso pueden agravar las consecuencias legales y sociales del delito, por lo que actuar rápidamente es esencial.
Si siente que ha sido víctima de un delito relacionado con el uso indebido de IA, o si su empresa, organización o familia está en riesgo, no dude en contactarnos de inmediato a través de WhatsApp. Ofrecemos una asesoría especializada y confidencial en derecho informático y ciberseguridad, con el fin de salvaguardar su bienestar y el de los suyos.