La utilización indebida de inteligencia artificial generativa (IA) en la creación, manipulación y distribución de contenidos puede generar serias vulneraciones a los derechos de autor, afectando tanto a personas individuales como a empresas u organizaciones. El sistema jurídico guatemalteco, en el ámbito del derecho penal y el derecho informático, contempla mecanismos legales para la protección de derechos fundamentales, incluyendo aquellos relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Cuando una persona o entidad es víctima de un delito cibernético que involucra la IA, ya sea por la creación no autorizada de contenido, la difusión de información falsa, o la suplantación de identidad, es necesario actuar de manera inmediata para evitar mayores daños.
El delito cibernético, en el contexto de los derechos de autor, puede ser perseguido en Guatemala a través de varias disposiciones legales, como la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Informática. Estos cuerpos legales prevén sanciones para quienes utilicen ilegalmente tecnologías para apropiarse de la propiedad intelectual ajena. La asesoría legal especializada en estos temas puede guiar a la víctima en el proceso penal, asegurando que se sigan los procedimientos adecuados para la imputación de los delitos y la obtención de justicia.
El proceso penal guatemalteco comienza con la denuncia ante el Ministerio Público, entidad encargada de investigar los delitos. En casos de delitos informáticos, la Unidad de Delitos Informáticos dentro del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) tienen un rol clave en la recopilación de pruebas digitales. Estas pruebas pueden incluir registros de actividad en línea, archivos generados por IA, y análisis periciales sobre la autenticidad y autoría de los contenidos generados o manipulados.
Es importante que las víctimas comprendan la urgencia de actuar rápidamente, ya que la exposición de información personal o empresarial en redes sociales y otras plataformas digitales puede tener efectos devastadores, como la pérdida de reputación o credibilidad. En particular, las víctimas más vulnerables, como menores de edad o personas en situación de riesgo, pueden sufrir daños irreparables si no se toman medidas inmediatas. Por ello, es fundamental contar con una defensa legal que no solo busque la reparación económica o moral, sino que también prevenga futuros ataques mediante la adopción de medidas cautelares.
La estrategia legal adecuada incluye la presentación de una denuncia penal bien fundamentada, acompañada de las pruebas tecnológicas necesarias para acreditar el delito. En muchos casos, puede ser necesario solicitar la intervención de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Investigación Criminal para rastrear las fuentes de los ataques cibernéticos y obtener órdenes judiciales que obliguen a plataformas en línea a remover contenido ilícito o a revelar información de los infractores. Además, en el ámbito civil, es posible reclamar indemnización por los daños causados, lo que incluye perjuicios económicos, morales y el deterioro de la imagen pública.
Actuar de manera diligente es crucial. Los delitos informáticos evolucionan rápidamente y los agresores suelen valerse de la naturaleza transnacional de internet para intentar evadir la justicia. Sin embargo, Guatemala cuenta con herramientas legales y cooperación internacional que permiten perseguir este tipo de delitos más allá de sus fronteras.
Si ha sido víctima de un delito informático relacionado con derechos de autor o IA, o si sospecha que está en riesgo, no dude en buscar asesoría legal especializada. La protección de sus derechos y la defensa de su reputación están al alcance de su mano. Contáctenos de inmediato vía WhatsApp para recibir una consulta profesional y actuar con rapidez para mitigar los daños.